La última jugada del gobierno venezolano ya tiene respuesta. Cemex ha decidido presentar una demanda de arbitraje internacional contra la expropiación de sus activos en el país latinoamericano.

Hugo Chávez ha seguido con su plan de nacionalización, encaminado a dominar los sectores estratégicos de producción venezolanos. Tras fracasar las negociaciones sobre el pago por las plantas de la cementera, el ejecutivo decidió expropiar los bienes de la empresa mexicana.

Cemex ha calificado la confiscación como una violación de la Constitución, la Ley de Expropiación y otras Leyes de Venezuela, además de no respetar los principios del Derecho Internacional y los tratados para la protección recíproca de inversiones.

La cementera, que opera en más de 50 países, exigía 1,300 millones de dólares de compensación por sus activos, una suma considerada muy alta por Caracas, que los había valorado en 400 millones de dólares.

La empresa no ha sido la única víctima de los designios del gobierno bolivariano. Holcim y Lafarge también estuvieron en el punto de mira. La diferencia radica en que sus rivales europeas han conseguido llegar a acuerdos para el pago de sus activos en el proceso de nacionalización.

La oferta presentada a la mexicana es menor, proporcionalmente, a lo ofrecido a las otras dos cementeras, considerando índices de valor por tonelada de capacidad instalada y múltiplos de EBITDA (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización).

Cemex presentará la demanda de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), dependiente del Banco Mundial.